Declaraciones de los diputados son solo “pataleo jurídico”; los jueces volverán a dar la razón a los universitarios en el tema de abuso de autoridad, advierte Robespierre Lizárraga

Los jueces federales volverán a dar la razón a los universitarios en el tema de abuso de autoridad, delito que les fue fabricado desde Gobierno del Estado, por lo que las declaraciones de los diputados locales sólo es un “pataleo jurídico”, declaró el Encargado del Despacho de Rectoría, doctor Robespierre Lizárraga Otero.

Desde el estudio del Programa Viva la Noticia, detalló que el origen del conflicto fue la publicación de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa que viola la Autonomía Universitaria, y la persecución política en contra de los universitarios inició cuando se promovieron amparos para que no se aplicara dicha Ley, y a la vez la Auditoría Superior del Estado (ASE) intentó realizar auditorías a los recursos propios de la Universidad, lo cual no permitieron y por tanto fueron vinculados a proceso por abuso de autoridad y hasta separado del cargo de Rector el doctor Jesús Madueña Molina.

“Las autonomías de los poderes de las instituciones, dígase poder legislativo y poder Judicial no existen, están bajo control de Gobierno del Estado; las autonomías de la Fiscalía General del Estado y de la propia Auditoría Superior del Estado no existe”, dijo, la Fiscalía solapa todo a Gobierno del Estado pero es implacable contra los adversarios políticos que considera el Gobierno.

Precisó que un Juez Federal en enero de este año resolvió que la Ley Estatal de Educación sí violaba la Autonomía, y el 30 de abril y el 2 de mayo otro Juez Federal resuelve que en la vinculación a proceso se violentaron derechos humanos, que no hay hecho indebido.

“Feliciano Castro, con todo respeto a su persona, pero su investidura y sus dichos me hacen expresarme, en una catarsis, en un pataleo, en un tema de pena ajena hace un desplante ante los medios de comunicación atacando al mismo Poder Judicial Federal, desconociendo los alcances de la sentencia pero a pesar de ello la sentencia existe”, expresó sólo falta que cause estado, es decir, queda un último recurso que pueden promover en contra de la sentencia, pero en todos los amparos promovidos la ASE, el Congreso y los abogados de Gobierno han hecho lo mismo y en todos “les han dado para atrás”.

“No se necesita ser abogado para comprender la sentencia que se emitió (…) nos van a dar la razón, la realidad se impone, y en este caso no es más que pataleo jurídico de esos personajes”, manifestó al agregar que el ataque a la Universidad es político, jurídico, mediático y presupuestal y en todos harán la defensa siguiendo en la protesta, saliendo a las calles, con la lucha y defensa de los derechos humanos, por la defensa de la Autonomía y por el retorno de Madueña Molina y continuarán promoviendo todos los recursos legales y jurídicos.

Agregó que si en la Universidad sus autoridades fueran tan corruptas, malas y nefastas como dice el Gobernador, nadie quisiera estudiar en ella, sin embargo, hay una gran demanda de ingreso que representa un desafío para la institución y el mandatario estatal en lugar de apoyarla mantiene un discurso de desdén y desprecio, a pesar de ello se hará el esfuerzo de mantener las puertas abiertas para los jóvenes.

“Nosotros vamos a presionar a Gobierno del Estado y al Gobierno Federal para que cumplan su obligación, porque tampoco es un regalo que nos van a dar, es su obligación el cumplir presupuestalmente con la Universidad y la educación de este estado”, precisó y añadió que la relación con la SEP Federal es excelente, pero Gobierno Estatal es una “aduana” o “filtro” por el que llegan los recursos y éste antepone la política, como ejemplo citó el abuso en contra de los jóvenes al no querer legalizar los títulos cuando sólo tienen que validar la autenticidad de la firma que llevan y quien valida los estudios es la SEP Federal quien ya reconoció y avaló su firma en estos documentos.