La ópera de la mentira
20 de noviembre de 2026 · Aldo de cultura
Bufones, resentidos y fabricantes de enemigos
Hay algo profundamente musical en la mentira política. Tiene ritmo, repetición, estribillos y hasta una orquestación cuidadosamente preparada. Una afirmación se pronuncia por la mañana, se repite al mediodía, se amplifica durante la tarde y, cuando llega la noche, miles de voces la han convertido en una especie de verdad colectiva. No importa demasiado que sea falsa. Lo importante es que suene muchas veces, que encuentre suficientes intérpretes y que nadie se atreva a desafinar.
La mentira, por supuesto, no se transforma en verdad por el simple hecho de repetirse. Pero puede convertirse en costumbre, y ahí comienza el verdadero peligro. Porque una sociedad acostumbrada a escuchar falsedades termina perdiendo algo mucho más importante que la confianza en sus gobernantes: pierde la capacidad de sorprenderse ante el engaño.
México atraviesa un periodo político en el que considero indispensable reflexionar sobre este fenómeno. Desde el poder se ha cultivado una narrativa que con demasiada frecuencia sustituye la discusión de los problemas presentes por la evocación interminable de agravios históricos. El pasado se convierte en una enorme bodega de culpables. Si algo fracasa, se busca un responsable anterior. Si la explicación resulta insuficiente, se retrocede otra década, otro siglo, otra conquista. Siempre habrá un enemigo disponible en los archivos de la historia.
Y mientras tanto, ¿quién responde por el presente?
La historia de la música, especialmente la ópera, conoce muy bien estos mecanismos. Sus escenarios están poblados de gobernantes incapaces de reconocer sus errores, cortesanos dispuestos a celebrar cualquier disparate, revolucionarios que terminan reproduciendo las injusticias que juraron combatir y personajes que confunden la venganza personal con la justicia.
Pienso particularmente en Andrea Chénier, la extraordinaria ópera de Umberto Giordano, estrenada en 1896, con libreto de Luigi Illica. La acción transcurre durante la Revolución francesa y tiene como protagonista al poeta André Chénier, una figura histórica que terminó guillotinada durante el Terror.
Uno de los personajes más interesantes es Carlo Gérard, antiguo sirviente de una familia aristocrática. Su resentimiento frente a las humillaciones de clase es comprensible. La injusticia existe, la desigualdad también. Pero lo verdaderamente revelador ocurre cuando aquel hombre, una vez instalado en las estructuras del poder revolucionario, descubre que puede utilizar la nueva maquinaria política para satisfacer sus propias pasiones.
La revolución prometía liberar al hombre de la opresión. Sin embargo, termina construyendo otra forma de opresión, ahora legitimada por el lenguaje de la virtud revolucionaria.
Ahí está la terrible paradoja: quienes llegan al poder denunciando los abusos del pasado no quedan automáticamente vacunados contra la tentación de cometerlos.
Hay una diferencia fundamental entre la conciencia social y el resentimiento convertido en doctrina política. La primera busca corregir injusticias; el segundo necesita perpetuarlas simbólicamente, porque de ellas obtiene su combustible emocional. Un gobierno puede reivindicar legítimamente a los olvidados, pero cuando necesita dividir permanentemente a la sociedad entre buenos y malos, puros e impuros, pueblo y enemigos del pueblo, comienza a utilizar la historia como una herramienta de confrontación.
Y eso no es justicia social. Es una forma de administrar el antagonismo.
El resentimiento es particularmente peligroso cuando se presenta disfrazado de superioridad moral. Quien lo utiliza políticamente no necesita demostrar que sus decisiones son correctas; le basta con convencer a sus seguidores de que sus adversarios son peores. De esta manera, la discusión deja de girar alrededor de los resultados de gobierno y se convierte en una disputa interminable entre identidades, agravios y lealtades.
La pobreza, que debería ser combatida con políticas eficaces, corre entonces el riesgo de convertirse en una herramienta de legitimación. Se promete combatirla, pero también se explota políticamente el sufrimiento de quienes la padecen. Y las esperanzas de millones de personas merecen algo más que discursos interminables.
Giuseppe Verdi también comprendió la naturaleza de estas cortes. En Rigoletto, estrenada en 1851, encontramos al duque de Mantua rodeado de personajes que se divierten con sus arbitrariedades. Nadie parece demasiado preocupado por la dignidad de los demás. La proximidad al poderoso garantiza privilegios y la adulación se convierte en una profesión.
Rigoletto es un bufón, desde luego, pero también un instrumento del poder. Su lengua sirve para humillar a quienes han caído en desgracia. Se burla de las víctimas mientras entretiene al victimario. Hasta que la tragedia termina alcanzándolo.
No puedo evitar pensar en ciertos personajes de nuestra vida pública. Individuos que han descubierto que defender incondicionalmente al gobernante puede resultar más rentable que ejercer el pensamiento crítico. Los encontramos en tribunas, medios de comunicación, redes sociales y, lamentablemente, también en espacios donde debería cultivarse la inteligencia independiente.
Me preocupa especialmente cuando esta conducta penetra en los medios universitarios. Una universidad no existe para formar coros de aduladores ni para reproducir consignas partidistas. Su responsabilidad es muchísimo mayor: enseñar a pensar, a cuestionar, a disentir. Una emisora universitaria debería ser un territorio de libertad intelectual, no una prolongación del aparato propagandístico de ningún gobierno.
La lealtad política es un derecho. La servidumbre intelectual, en cambio, constituye una renuncia.
Y conviene hacer una distinción: no toda persona que simpatiza con un gobierno es ignorante, resentida o incapaz de pensar. Reducir a millones de ciudadanos a esas categorías sería reproducir precisamente la simplificación que criticamos. El problema aparece cuando la adhesión política exige suspender el juicio, negar las evidencias o justificar aquello que se condenaría si lo hiciera un adversario.
La historia nos ofrece otro episodio todavía más inquietante.
El 28 de enero de 1936, el periódico soviético Pravda publicó un artículo titulado Caos en lugar de música, una condena feroz contra Lady Macbeth de Mtsensk, la ópera de Dmitri Shostakóvich. La obra había sido recibida favorablemente, pero la maquinaria ideológica del estalinismo decidió convertirla en ejemplo de aquello que el arte soviético no debía ser.
La crítica dejó de ser una discusión estética para transformarse en una advertencia política.
A partir de entonces, el compositor tuvo motivos para temer por su carrera y por su propia seguridad. Su Cuarta sinfonía fue retirada antes del estreno. La música había entrado en ese territorio siniestro donde el poder pretende decidir qué debe pensar, sentir y escuchar una sociedad.
No estoy equiparando las condiciones del México contemporáneo con el terror estalinista. Sería una comparación histórica irresponsable. Lo que me interesa es reconocer un mecanismo que puede aparecer, en diferentes grados y circunstancias, en sistemas políticos muy distintos: la pretensión de convertir la versión oficial en la única versión legítima de la realidad.
Cuando el poder considera que toda crítica es una conspiración, que todo desacuerdo constituye una traición y que toda investigación incómoda responde a intereses oscuros, la democracia comienza a empobrecerse.
En México no necesitamos recurrir únicamente a metáforas para comprender la gravedad de ciertos problemas. La violencia contra periodistas, el hostigamiento judicial documentado por organizaciones de derechos humanos y las dificultades para exigir transparencia son asuntos concretos. No desaparecen porque un funcionario los minimice desde un micrófono.
Tampoco desaparece la violencia criminal por modificar el vocabulario utilizado para describirla.
La relación entre autoridades y delincuencia organizada exige investigaciones serias, responsabilidades individuales y pruebas. Existen antecedentes documentados de connivencia en distintos niveles de gobierno; precisamente por su gravedad, no deben convertirse en acusaciones indiscriminadas ni en simples instrumentos de propaganda. La justicia necesita evidencias, no consignas.
Y aquí llegamos a una de las grandes tragedias de nuestra cultura política: hemos permitido que demasiadas discusiones se conviertan en competencias de fidelidad partidista. Lo que importa ya no es determinar qué ocurrió, sino averiguar quién lo dijo. Una denuncia puede ser celebrada o descalificada dependiendo del partido del acusado. Una cifra puede parecer incuestionable cuando favorece al gobierno y sospechosa cuando lo contradice.
La verdad termina sometida a una especie de examen de militancia.
¿En qué momento aceptamos semejante degradación del debate público?
Por supuesto, la utilización política del pasado no comenzó con el gobierno actual. México arrastra una larga tradición de discursos oficiales que seleccionan héroes, villanos y episodios históricos según las necesidades del momento. Pero esa herencia no puede servir de excusa para prolongar el procedimiento indefinidamente.
Un gobierno recibe problemas del pasado, sin duda. Algunos son enormes y requieren décadas para resolverse. Sin embargo, gobernar significa precisamente asumir la responsabilidad de enfrentarlos. La historia explica las circunstancias; no concede inmunidad permanente a quienes ejercen el poder.
Después de varios años, seguir atribuyendo cada deficiencia a los antecesores puede convertirse en una cómoda coartada.
Y es aquí donde la reflexión deja de ser solamente política o musical para adquirir una dimensión profundamente personal. Porque hay un territorio de México donde las consecuencias de la violencia han dejado de ser una noticia distante y se han convertido en parte de nuestra existencia.
Hablo de Sinaloa.
Un estado que durante años fue reconocido por su vitalidad económica, su actividad agrícola, su comercio, sus tradiciones y su extraordinaria riqueza musical, y que hoy atraviesa una de las crisis más dolorosas de su historia reciente.
Sinaloa está herido. Profundamente herido.
Y no me refiero solamente a las estadísticas de homicidios, desapariciones, enfrentamientos o negocios cerrados. Me refiero a algo que difícilmente puede expresarse mediante una gráfica: la destrucción de nuestra vida cotidiana. La normalización del miedo. La desaparición de esas pequeñas libertades que alguna vez consideramos naturales y que ahora parecen privilegios de otro tiempo.
En septiembre de 2026 se cumplieron dos años del recrudecimiento de la violencia provocada por la confrontación entre organizaciones criminales. El balance resulta estremecedor. Miles de personas asesinadas o desaparecidas, miles de negocios cerrados y decenas de miles de empleos perdidos. Las estimaciones económicas difieren según las fuentes y los periodos considerados, pero coinciden en describir una afectación gravísima para el comercio, los servicios, el turismo y las familias sinaloenses.
Sin embargo, hay algo que ninguna estadística consigue transmitir completamente.
Como músico, hay una transformación de nuestra vida que me resulta especialmente dolorosa. Recuerdo cuando los conciertos comenzaban a las ocho de la noche y el público acudía sin mayores preocupaciones. Hoy hemos tenido que adelantar numerosas actividades a las cinco o seis de la tarde, intentando que artistas, trabajadores y espectadores puedan regresar a sus hogares antes de que la ciudad quede atrapada en esa incertidumbre que todos conocemos.
Parece un detalle menor. No lo es.
Cuando una sociedad tiene que modificar sus horarios culturales porque teme salir de noche, no estamos hablando de una simple adaptación de costumbres. Estamos hablando de una libertad arrebatada.
La noche, que durante siglos ha sido territorio de la música, del teatro, de la conversación y del encuentro, se ha convertido para muchos sinaloenses en un espacio de amenaza. Calles que antes estaban llenas de actividad ahora se vacían temprano. Restaurantes y comercios han cerrado. Otros sobreviven como pueden, reduciendo jornadas, despidiendo trabajadores, esperando una recuperación que parece avanzar con una lentitud desesperante.
Detrás de cada negocio cerrado existe una historia. Una familia que perdió su sustento. Un trabajador que no sabe cómo pagará sus compromisos. Un pequeño empresario que dedicó años, quizá décadas, a construir algo que la violencia terminó por destruir en unos cuantos meses.
Y mientras tanto, la presencia de miles de elementos de las fuerzas de seguridad no ha conseguido devolvernos plenamente la tranquilidad. Resulta estremecedor acostumbrarse a convivir con vehículos militares, patrullajes y dispositivos de vigilancia, y seguir escuchando noticias de asesinatos, ataques y desapariciones.
Culiacán ha padecido el corazón de esta tragedia. Mazatlán, cuyo nombre debería evocar playas, turismo y vida cultural, también ha sufrido el recrudecimiento de la violencia. Escuinapa y numerosas comunidades del sur han conocido ataques, desplazamientos y el miedo de quienes sienten que su propia tierra ha dejado de pertenecerles.
Y no son solamente estas ciudades. La violencia ha alcanzado comunidades rurales, carreteras, poblaciones enteras que han tenido que modificar sus rutinas, sus actividades económicas e incluso, en algunos casos, abandonar sus hogares.
¿Qué clase de normalidad puede construirse sobre semejante escenario?
La presencia militar puede ser necesaria frente a organizaciones criminales fuertemente armadas. Pero no debería confundirse el despliegue de fuerzas de seguridad con la recuperación efectiva de la paz. Una ciudad puede estar llena de soldados y, sin embargo, sus habitantes continuar viviendo con miedo.
La seguridad no se mide únicamente por el número de uniformados desplegados. Se mide también por la posibilidad de caminar tranquilamente, trabajar, abrir un negocio, enviar a los hijos a la escuela y regresar de un concierto sin temor a quedar atrapado en un episodio de violencia.
¿De qué sirve presumir grandes operativos si los ciudadanos no recuperan esas libertades elementales?
Y aquí regreso al problema de la mentira política. Porque una de las formas más ofensivas de la propaganda consiste en pretender que las cifras oficiales pueden invalidar la experiencia de quienes padecen diariamente la inseguridad. Una reducción estadística, cuando existe, debe reconocerse. Pero no puede utilizarse para negar el sufrimiento de las víctimas ni para declarar resuelta una crisis que continúa alterando la vida de la población.
No hay discurso capaz de devolverle la vida a un asesinado. No hay consigna que reabra por sí sola un comercio. No hay propaganda que devuelva a una familia la tranquilidad de esperar a sus hijos después de una función nocturna.
La responsabilidad de los gobiernos, federales, estatales y municipales, debe medirse por su capacidad de garantizar seguridad, justicia, libertades y condiciones dignas de existencia. No por la habilidad de sus portavoces para encontrar culpables en administraciones anteriores.
Y esto me lleva a una pregunta todavía más incómoda: ¿cuántas tragedias necesita vivir una sociedad antes de exigir que sus gobernantes respondan por sus decisiones y omisiones?
La tragedia sinaloense tampoco puede explicarse mediante una sola causa ni atribuirse sin pruebas a una conspiración única. Las organizaciones criminales tienen responsabilidades directas y gravísimas. También deben examinarse las decisiones de las autoridades, sus estrategias, sus omisiones y los posibles casos de corrupción o complicidad que las investigaciones logren acreditar.
Exigir responsabilidades no significa renunciar al rigor. Todo lo contrario. Significa negarse a que la verdad sea reemplazada por otro conjunto de consignas.
Me resulta particularmente inquietante la facilidad con que el lenguaje político consigue sustituir el análisis por la descalificación. Basta etiquetar a alguien como enemigo, privilegiado, conservador o adversario para intentar invalidar sus argumentos antes de escucharlos. El mecanismo es antiguo: cuando no se puede refutar una idea, se desacredita a quien la expresa.
En términos musicales, es como pretender que una nota desafinada deje de estarlo porque el director de orquesta ordenó al público aplaudirla.
Pero la música tiene una virtud que la propaganda detesta: tarde o temprano, la disonancia se escucha.
Podemos disimularla con una orquestación espectacular, cubrirla con percusiones, multiplicar los metales o elevar el volumen del coro. Sin embargo, si la estructura está mal construida, la obra termina revelando sus fracturas.
Algo semejante ocurre con la vida pública. Los discursos pueden producir entusiasmo, pero no sustituyen los resultados. Las consignas pueden movilizar simpatías, pero no reemplazan la justicia. Y ninguna conferencia de prensa, por extensa que sea, debería quedar exenta del contraste con los hechos.
En 2027 México celebrará elecciones legislativas federales y numerosos comicios locales, incluida la renovación de la gubernatura de Sinaloa. En 2030 llegará otra elección presidencial. Son momentos institucionales importantes, pero no deberían convertirse únicamente en ocasiones para intercambiar un grupo de poder por otro. La alternancia, por sí sola, no garantiza honestidad, inteligencia ni eficacia.
La responsabilidad ciudadana es mucho más exigente: examinar trayectorias, contrastar afirmaciones, exigir cuentas, reconocer los aciertos incluso en nuestros adversarios y denunciar los abusos aunque provengan de aquellos con quienes simpatizamos.
Porque el fanatismo político no tiene una sola bandera.
Y porque ninguna sociedad debería resignarse a elegir entre distintas formas de mediocridad.
No pretendo convertir el dolor de Sinaloa en una consigna partidista. Sería repetir el mismo vicio que estoy denunciando. La responsabilidad cívica exige investigar, distinguir entre acusaciones y hechos comprobados, examinar la actuación de todos los responsables y negarse a conceder inmunidad moral a cualquier fuerza política.
Las elecciones de 2027 y 2030 serán momentos importantes para ejercer ese escrutinio. Pero la responsabilidad ciudadana no empieza ni termina en las urnas. Comienza cuando dejamos de aceptar explicaciones que no resisten el contraste con la realidad.
Regreso finalmente a Andrea Chénier. En el cuarto acto, cuando el poeta está próximo a morir, la maquinaria revolucionaria ya ha pronunciado su sentencia. El poder ha decidido quién merece vivir y quién debe desaparecer. Pero no consigue destruir aquello que verdaderamente representa el personaje: la libertad de conciencia.
La ópera nos recuerda que una causa puede comenzar con ideales nobles y terminar traicionándolos cuando sus dirigentes se consideran propietarios exclusivos de la verdad.
Esa es una advertencia que ninguna sociedad debería olvidar.
Yo sigo creyendo que la inteligencia crítica, la cultura y la memoria histórica son indispensables para preservar una democracia. No hablo de una memoria utilizada para alimentar venganzas interminables, sino de aquella que nos permite reconocer los errores, comprender sus consecuencias y evitar su repetición.
Vuelvo entonces a la música.
Hay un silencio que el compositor utiliza deliberadamente. Un silencio que respira, que organiza el discurso, que prepara la llegada de una nueva idea. Es un silencio fértil, lleno de posibilidades.
Pero existe otro silencio, infinitamente más terrible: el que impone el miedo.
El silencio de los teatros vacíos. El de los restaurantes cerrados. El de las calles abandonadas antes de que caiga la noche. El de las familias que prefieren no salir. El de quienes callan porque temen convertirse en las próximas víctimas.
Ese silencio no pertenece a ninguna partitura.
Es el silencio de una sociedad a la que le están robando la vida.
Y ninguna mentira, por repetida que sea, debería conseguir que terminemos acostumbrándonos a escucharlo.
La música nos enseña que un coro puede ser extraordinario cuando sus integrantes escuchan, respiran y construyen una expresión común. Pero también sabemos que el volumen no es sinónimo de afinación y que cien voces repitiendo una nota equivocada no consiguen convertirla en correcta.
Tal vez esa sea la gran lección política de nuestro tiempo.
Una mentira puede tener millones de seguidores, miles de propagandistas y una orquesta completa a su servicio. Puede llenar plazas, dominar micrófonos y repetirse durante años. Pero seguirá siendo una mentira.
Y cuando finalmente caiga el telón, lo importante no será cuánto ruido hicieron los bufones ni cuántas veces el poder ordenó repetir sus consignas.
Lo importante será saber si todavía conservamos el oído suficiente para distinguir la música del engaño.
Porque un país puede sobrevivir a los malos gobernantes. Lo que no debería permitirse es aprender a vivir de rodillas ante la mentira y en silencio frente al miedo.