Universitarios rechazan declaraciones del diputado Ricardo Madrid sobre modificaciones a la Ley Orgánica de la UAS; lo consideran “provocación”

Rechazan y rehúsan rotundamente las y los universitarios aprobar las recientes declaraciones realizadas por el diputado Ricardo Madrid Pérez, presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, quien aseguró que el Congreso del Estado tiene la certeza que realizarán modificaciones en la Ley Orgánica en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), demostrando con ello seguir en el diferendo que el Gobernador del Estado encabeza en contra de la legislación universitaria.

La comunidad rosalina, con la frente en alto, se hizo presente en las instalaciones del Poder Judicial, refrendando su apoyo incondicional, así como reafirmando que la lucha por el respeto de la autonomía universitaria sigue y cada vez con más ganas y seguridad de que el camino se está enderezando, esto pese a las declaraciones realizadas por Madrid Pérez, considerándolas un reto directo y provocaciones del Congreso del Estado en contra de los universitarios.

“Definitivamente no estamos de acuerdo con esas declaraciones, principalmente porque la Ley de Educación está impugnada entonces tendría que resolver primero esa parte, para después hacer una propuesta respecto a la modificación de la Ley Orgánica de la Universidad”, expuso Joel Cuadras Urías, Director General de Bibliotecas.

“Es una violación a la parte del derecho y la Constitución y de la Ley General de la Educación, inclusive la Ley General de Ciencia y Tecnología, es una violación absoluta, no tienen ningún sustento legal basado en la Constitución”, argumentó Mario Nieves Soto, Director General de Investigación y Posgrado.

“Toda la comunidad que estamos en este proceso no estaríamos ni estamos de acuerdo en esa posible modificación, ya que la única parte que tiene esa facultad para hacerlo es el Consejo Universitario, entonces no lo vamos a permitir”, indicó Karina Ortiz López, Coordinadora en la Unidad de Bienestar Universitario.

Además, aseguraron que se trata de una estrategia de la Fiscalía General del Estado de seguir judicializando carpetas, esto para distraer a la sociedad de temas realmente graves que afectan a Sinaloa, siendo utilizados como una cortina de humo.