Programa #PuntoUniversitario desde la Sede Regional de Justicia Penal, Acusatoria y Oral

El Juez de Primera Instancia, Adán Alberto Salazar Gastélum, reitera su conducta parcial a favor de la Fiscalía General del Estado (FGE), al negarse a tomar protesta al Asesor Jurídico de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), designado por el honorable Consejo Universitario para representar los intereses de la Casa Rosalina y al desconocer su propio criterio, por ello se advierte que buscarán imponer un Asesor “a modo”, de ocurrir esto se estaría violando flagrantemente la Autonomía Universitaria.

Durante la Audiencia inicial para formulación de imputación al Rector de la UAS, doctor Jesús Madueña Molina, al ex Rector doctor Juan Eulogio Guerra Liera y a los integrantes del Comité de Adquisiciones, la Fiscalía argumentó un “conflicto de intereses” cuando el abogado universitario Yamir Álvarez solicitó al Juez le tomara protesta al licenciado Ramón Bonilla Rojas como asesor jurídico de la Universidad, considerada la víctima en esta carpeta de investigación donde la probable comisión de delito es por “desempeño irregular de la función pública” y “ejercicio indebido del Servicio Público”.

Los representantes legales de la UAS le hicieron ver al Juez que el nombramiento como asesor jurídico de la Universidad de Bonilla Rojas fue otorgado por el H. Consejo Universitario, máxima autoridad en la institución, pero el Juez no atendió este argumento y resolvió abrir una nueva audiencia para el 30 de agosto donde se discutirá el tema, ante esto los abogados universitarios interpusieron recurso de revocación para impugnar la decisión del Juez ya que en la pasada audiencia del 21 de julio ya se le había tomado protesta, pero tampoco lo acepta atendiendo así sólo la petición de la Fiscalía.

El abogado Ramón Bonilla Rojas al salir de la audiencia manifestó que el 21 de julio se le protestó el cargo como Asesor Jurídico por el propio Juez y se reservó que para cuando iniciara la audiencia se iba a discutir sobre el nombramiento, ahora el Juez tomó otro criterio, por lo que consideró que el conflicto de intereses está en el Poder Judicial y en la Fiscalía, quienes “quieren a representantes y asesores jurídicos a modo”.